Propuestas de la CPC para mejorar la productividad en Chile

Propuestas de la CPC para mejorar la productividad en Chile

La Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) definió nueve temas relevantes en que existen brechas que abordar en el país. Se trata de desarrollo de competencias de capital humano; participación laboral femenina, juvenil y del adulto mayor; simplificación de trámites; innovación; productividad digital; excelencia operacional; energía; infraestructura; y cadena logística.

En total, la organización presentó ayer 109 propuestas para Chile en un documento titulado “En Chile Sí Podemos”. Son iniciativas de diversa índole, casi la mitad de las cuales son responsabilidad del propio empresariado, que en esta nueva etapa que se inicia se deberían priorizar, desarrollar con más detalle y luego implementar.

“El gran desafío de Chile es hacer de la productividad la herramienta para generar más oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas. Este camino solo es posible si todos colaboramos en buscar alternativas eficientes e innovadoras”. Con estas palabras, el presidente de la CPC, Alberto Salas, definió el marco y el foco del trabajo que los empresarios han realizado en los últimos meses.

Al revisar las estimaciones disponibles, todas llegan a la misma conclusión: la productividad crece cada vez menos en Chile y dejó de ser uno de los motores del crecimiento. Durante los 30 años en que el producto creció al 5,3% en promedio por año, se distinguen dos períodos distintos: más de una década de crecimiento muy alto -sobre el 7% en promedio- en que la productividad tuvo un aporte relevante, y los últimos 15 años en que el crecimiento se redujo casi a la mitad y el aporte de la productividad fue insignificante.

Con este diagnóstico y teniendo claro que “los empresarios no tenemos la fórmula mágica para aumentar nuestra capacidad de crecimiento”, la CPC recogió́ la experiencia y compromiso de más de 100 empresarios y expertos para trabajar por la productividad del país. Hace un año, creó la Comisión de Productividad para plantear proactivamente diagnósticos y propuestas para impulsar la productividad y sostener el alto crecimiento a través de mayor competencia y mayor eficiencia.

De acuerdo a los empresarios, hacer más con los mismos recursos, ejecutar mejor las cosas, ser más eficientes, trabajar menos horas para lograr lo mismo, son todas definiciones válidas de productividad. Una sociedad más productiva puede combinar sus recursos de manera más eficiente, permitiendo que la actividad económica sea dinámica y sostenible en el tiempo. “Y mayor productividad genera más crecimiento, los ciudadanos acceden a mejores empleos, permite salarios más altos, y acceso a más y mejores bienes y servicios como educación, salud o infraestructura. Esto se traduce en mayor bienestar y, finalmente, en mayor felicidad”, destacó la CPC.

El trabajo se organizó en nueve Mesas Técnicas, de las cuales surgieron un conjunto de iniciativas que, sumadas a propuestas ya existentes en agendas previas, son un buen punto de partida para invitar a todos a trabajar por un Chile más productivo.

El presidente de la Comisión de Productividad de la CPC, Andrés Santa Cruz, hizo un recorrido por los principales desafíos y propuestas que surgieron en cada tema, destacando que “este es el inicio de un proceso continuo, en el cual vamos a seguir trabajando, asumiendo el compromiso de implementar lo que nos corresponde desde el empresariado”.

Trabas en energía

En el documento, por ejemplo, se plantea que el principal problema para el sector energético, identificado por la Comisión, es la creciente dificultad para concretar proyectos, pese al interés por invertir en el sector. Hay estudios que dimensionan la perdida que genera al país el atraso de las inversiones en generación eléctrica en 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para el periodo entre 2012 y 2019, además de un 18% de la inversión privada y un 8% del empleo.

Las principales causas de los atrasos o paralizaciones de proyectos son los largos e inciertos plazos de tramitación de múltiples permisos, criterios dispares, falta de coherencia regulatoria y discrecionalidad en distintos servicios públicos, comunidades locales menos dispuestas a aceptar inversiones por representar costos locales y beneficios a nivel nacional, una creciente pérdida de confianza en la institucionalidad por parte de ciudadanos y empresas y la mayor judicialización de los proyectos.

Para mejorar la relación de los proyectos de inversión con las comunidades y la ciudadanía en general, se propone elaborar desde el sector privado un marco voluntario de buenas prácticas que permita definir los usos y la forma de gestionar los recursos que los titulares de proyectos destinan como inversión social a las comunidades. Además, es relevante mantener informada a la ciudadanía, para lo cual se plantea publicar y difundir un reporte periódico con información energética relevante que aborde la situación nacional, competitividad, seguridad y efectos ambientales, entre otros.

SEIA

Respecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según la CPC, es importante fortalecer el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y avanzar hacia una institución autónoma del Estado con alta competencia técnica. Para esto, se propone darle la atribución al SEA para omitir los pronunciamientos de servicios que no sean fundados o vayan más allá́ de las competencias sectoriales específicas, además de formalizar un mecanismo normado y voluntario de relacionamiento entre los titulares de proyectos y el SEA y los servicios públicos que participan del SEIA. Se sugiere reemplazar el sistema actual de caducidad automática de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por uno basado en estudios que determinen si cambiaron las condiciones ambientales, así como evitar la presentación infundada de recursos judiciales o administrativos cuyo único objetivo sea dilatar la tramitación u otorgamiento de permisos de proyectos.

En relación a la gestión del territorio, se sugiere definir una institucionalidad que vele por la coherencia regulatoria de los instrumentos de ordenamiento territorial y zonificaciones especiales, y profundizar el programa de concesión de bienes nacionales para proyectos energéticos.

Las propuestas completas en el siguiente documento:

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