Nicolás Boeglin: “Si la opinión pública supiera los daños que causa el mercurio, ningún político se atrevería a frenar su regulación”

Nicolás Boeglin: “Si la opinión pública supiera los daños que causa el mercurio, ningún político se atrevería a frenar su regulación”

 

Por: Cristina González.

En los años 40 y 50, la Corporación Chisso ubicada en la ciudad japonesa de Kumamoto vertió grandes cantidades de mercurio impactando gravemente la bahía de Minamata y a sus pobladores, luego de que los peces se contaminaran con este metal pesado. Tras años de encubrimiento, Japón decidió reconocer la tragedia humana en 1968. Pero no fueron sino las fotos del reportero norteamericano Eugene Smith, tomadas en 1971, las que mostraron al mundo este drama. Miles de personas estaban sufriendo lo que hoy se conoce como enfermedad de Minamata, un síndrome neurológico grave y permanente que causa ataxia (descoordinación de movimiento), alteración sensorial en manos y pies, deterioro de los sentidos de la vista y el oído, debilidad y, en casos extremos, parálisis y muerte.

Décadas después de la tragedia, varios países decidieron alinearse en contra del mercurio firmando y ratificando la llamada Convención de Minamata, que entró en vigor en agosto de 2017.

Sustempo conversó con Nicolás Boeglin, profesor de derecho internacional público Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica, para conocer desde la mirada de un experto los alcances de este convenio en América Latina y el grave peligro asociado al mercurio.

¿Cuál es el escenario en América Latina respecto al Convenio de Minamata?

El Convenio de Minamata fue suscrito en 2013, pero no es sino hasta el 16 de agosto de 2017 que entró oficialmente en vigor, reuniendo en total 74 ratificaciones de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas. En América Latina, después de Uruguay —primero en la región en ratificar esta convención (septiembre 2014), seguido por Nicaragua (octubre 2014), México y Panamá (septiembre 2015)— figuran como Estados Partes Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú. Se mantienen ausencias notables, como las de Colombia, Chile, Guatemala, República Dominicana y Venezuela.

Chile aparece como firmante en 2013, pero no ha ratificado. ¿Eso lo deja fuera del convenio?

Efectivamente Chile no es parte a la Convención de Minamata a la fecha de hoy. Firmar un tratado multilateral es una cosa, un buen primer paso; pero ratificarlo y aceptar como vinculante las obligaciones que contiene es otra.

Sería muy oportuno que se conocieran cuáles pueden ser las dudas que persisten en Chile sobre la necesidad de regular el uso del mercurio y contar con recursos de la cooperación internacional para realizar estudios sobre su impacto en el ambiente y en la salud humana.

Nicolás Boeglin: “Si la opinión pública supiera los daños que causa el mercurio, ningún político se atrevería a frenar su regulación”

¿Cuáles son las principales obligaciones a que se someten los países integrantes?

Al ser el mercurio una sustancia extremadamente nociva para las aguas y los ecosistemas, así como para la salud humana, era importante establecer regulaciones estrictas que permitieran limitar y hasta prohibir el mercurio de muchos productos actualmente consumidos a gran escala. Y que las condiciones de importación y almacenamiento fueran reguladas, así como las relativas a su exportación. De igual forma, el hecho que los Estados en esta convención acepten obligaciones para identificar sitios contaminados y proceder a estimar los alcances de la contaminación en la salud humana me parece de gran relevancia.

¿A qué actividades y productos se asocia hoy la presencia de mercurio?

En países como Colombia se asocia a la minería clandestina e ilegal, al igual que en Bolivia o Perú  (bombas de succión) y en Costa Rica. Se encuentra presente también en baterías (pilas), acumuladores y baterías de vehículos, así como en instrumentos médicos. Las deficiencias en materia de reciclaje de estos y otros productos explican que gran parte del mercurio contenido terminen en suelos y aguas subterráneas, contaminando la costa por efecto de la escorrentía y afectando la vida marina.

¿Cuáles son los grandes perjuicios del mercurio?

El problema es que se trata de una sustancia muy nociva para el ser humano, con efectos directos en el sistema nervioso, en el desarrollo del cerebro del feto y con otras complicaciones severas y patologías de las que se habla poco. Pocos saben, por ejemplo, la gran cantidad de metilmercurio que ingieren al consumir productos del mar de forma regular (especies contaminadas con mercurio). Un censo sobre malformaciones y patologías asociadas a la ingesta de este metal pesado por encima de los valores máximos puede dar una idea del problema en algunos países.

Nicolás Boeglin: “Si la opinión pública supiera los daños que causa el mercurio, ningún político se atrevería a frenar su regulación”

¿Cuál es la manera correcta de almacenar, trabajar y desechar el mercurio? ¿Es necesario su uso o podría eliminarse por completo?

En materia de implantes odontológicos ya puede ser sustituido por otras sustancias. La Unión Europea este año adoptó regulaciones para la prohibición en 2018 de implantes de este tipo para niños y mujeres embarazadas. También existen en el mercado baterías sin mercurio. De igual forma, aceites y polvos de cementeras. Es decir, la economía está encontrando formas de sustitución del mercurio.

En el caso de otros productos aún se impone su uso, y entonces, como Estado que importa estos productos hay que proceder a controlar su liberación como desecho. Precisamente, cuando los desechos electrónicos y eléctricos, los residuos de centros hospitalarios y muchos otros conteniendo metales pesados no son adecuadamente tratados o reciclados el agua sirve de colector. En particular en zonas tropicales, concentrándose gran cantidad de metales dispersos en quebradas, ríos, lagunas y lagos, pero también en acuíferos. Por efecto de la escorrentía, polvos de cementeras, minas e industrias diversas también terminan en los cuerpos de agua.

¿Qué se prevé en el futuro cercano respecto al Convenio de Minamata?

Luego de adoptarse el texto en 2013 y entrar en vigor en 2017, los Estados Partes son los llamados a implementarlo a nivel nacional, con ayuda de la cooperación internacional. Una primera reunión de la COP (Conferencia de Estados Partes) tendrá lugar en Ginebra en septiembre de 2017. A modo de ejemplo de cuán importante para la salud humana reviste este texto, se leyó en Uruguay el día de su entrada en vigor lo siguiente: “En el día que entra en vigor el Convenio de Minamata —16 de agosto de 2017— en Uruguay se captaron las primeras madres embarazadas a las que se le realizarán los estudios de mercurio en pelo, orina, sangre y en sangre del cordón umbilical, residentes del departamento de Flores. Un estudio de alcance nacional que busca determinar el nivel medio de mercurio en mujeres embarazadas y recién nacidos que involucra a instituciones de salud y ambiente de nuestro país (MSP, ASSE y Mvotma, entre otros) y permitirá obtener los primeros datos con valor estadístico de los niveles de mercurio en la población vulnerable de Uruguay”.

¿Cuántos censos de este tipo se han hecho en el pasado en América Latina? Sería muy interesante saberlo, porque francamente hay muy pocos datos oficiales sobre el alcance de la contaminación por mercurio.

Nicolás Boeglin: “Si la opinión pública supiera los daños que causa el mercurio, ningún político se atrevería a frenar su regulación”

¿Sobre qué otros elementos es necesario establecer normativas a nivel internacional debido a su peligro?

De todos los metales pesados, el plomo y el mercurio son de los más dañinos para el ser humano. Con relación al plomo no se ha logrado un acuerdo similar, pero de alguna forma la Convención de Minamata abre una prometedora senda por la que muchas otras sustancias nocivas liberadas sin mayor cuidado podrían transitar.

¿Cree que los gobiernos de América Latina estén alineados en avanzar en legislaciones sobre medio ambiente? ¿O falta mucho camino por recorrer?

A ningún Estado le interesa asumir los costos que acarrea la atención en materia de salud pública de comunidades afectadas con mercurio. Creo que si en América Latina la opinión pública supiera de los daños en la salud humana que causa este metal pesado, ningún político se atrevería a mencionar algún freno a su inmediata regulación. Censos oficiales, a contraponer con estudios independientes de gremios de la salud pública, pero también de universidades y entidades académicas, monitoreo del nivel de metales pesados en los productos de mar ofrecidos al consumidor, y una exigencia mayor para que se tomen medidas permitirán esta toma de conciencia sobre cuán inconscientes hemos sido durante todo este tiempo.

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