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Expertos plantean ajustes necesarios para Ley de Quiebras

Expertos plantean ajustes necesarios para Ley de Quiebras

Hace cuatro años entró en vigencia la Ley 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento, que permite a las personas solucionar sus problemas de endeudamiento, ya sea a través del procedimiento de renegociación o de liquidación voluntaria. De acuerdo a cifras entregadas por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, son cerca de 10 mil las causas que se han llevado a cabo durante este periodo.

Para Defensa Deudores, si bien ha aumentado —paulatinamente— el número de procedimientos, lo que es una buena noticia, han quedado en evidencia algunos defectos de la Ley que es necesario corregir.

René Sottolichio, jefe del área de Insolvencia de Defensa Deudores, señala que “en el caso la renegociación de personas deudoras debe eliminarse el requisito de los 90 días de mora o bien, que se permita el acceso a este procedimiento para aquellas personas que ya han sido demandadas o han sufrido el embargo de sus bienes y que hoy están excluidas. Este  procedimiento constituye un beneficio para ambas partes: el deudor permite bajar su carga financiera y los acreedores obtienen el pago de sus créditos, por lo que no existe justificación para que se mantengan ambas condiciones”.

En cuanto a la liquidación de bienes, Sottolichio comenta que “los tribunales, a través de sus sentencias, han ido estableciendo requisitos no instaurados expresamente en la ley, generando una cierta incertidumbre para las personas”. En ese sentido, estima necesario que “la ley zanje estas controversias y establezca de manera clara y precisa los requisitos”, agrega.

Pymes endeudadas

La Ley 20.720 también contempla la renegociación y liquidación de empresas. La primera alternativa le permite al micro, pequeño y mediano empresario continuar con su emprendimiento, pero de manera ordenada y con una carga financiera que le permitirá seguir operando.

En este contexto, en los cuatro años de vigencia de esta nueva ley solo 177 procedimientos de Reorganización han sido admitidos a tramitación, mientras que dos mil 917 han finalizado como liquidación de empresas.

Mario Espinosa, gerente general de Defensa Pyme, comenta que “si llevamos estas cifras a la realidad de las Pymes, el número es mucho menor”, y agrega que “si bien la Ley cumple con su objetivo de rehabilitar financieramente a empresas, aún falta por difundir más su uso y fomentar también los incentivos para que las micro y pequeñas empresas puedan acceder a estos beneficios”.

El ejecutivo considera que, tras estos cuatro años, el foco de la Ley debe estar puesto en facilitar el acceso para Pymes que hoy, en la práctica, han estado excluidas del procedimiento de reorganización, a pesar de que se trata de empresas viables pero que —por complejidad y costos asociados— no han podido acceder al procedimiento y les ha quedado como única alternativa la liquidación, lo que implica el cierre del negocio.

A su vez, y para el caso de personas deudoras, el experto de Defensa Deudores sostiene que se debe avanzar en dos frentes: “hacer realidad uno de los efectos principales de los procedimientos concursales: la rehabilitación financiera del deudor, que hoy, lamentablemente, no se ha cumplido. Debido a malas prácticas de las instituciones financieras, en muchos casos el deudor que se ha sometido a estos procedimientos no ha vuelto a ser sujeto de crédito ni acceder a productos financieros, a pesar que legalmente ya no tienen morosidad en el sistema financiero, por lo que estamos antes un caso de discriminación arbitraria”.

Además, se hace necesario revisar la situación de las personas que han emitido boleta de honorarios y que hoy son considerados como empresa para los efectos de esta ley, “lo que no corresponde a su realidad y que significa enormes barreras de entrada para ellos. Afortunadamente, se ingresó un proyecto de ley que corrige esta situación y que los mantiene en su calidad de persona deudora”, concluye Sottolichio.

 

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