Medio ambiente

Critican decisión de Chile de aplazar firma del Acuerdo de Escazú

Critican decisión de Chile de aplazar firma del Acuerdo de Escazú

En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 27 de septiembre 15 países de América Latina y el Caribe firmaron el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, más conocido como Acuerdo de Escazú.

El Gobierno chileno decidió restarse de esta instancia, motivo por el cual Fundación Terram, ONG FIMA, Codeff, Observatorio Ciudadano, Amnistía Internacional, el senador Alfonso De Urresti y la diputada Catalina Pérez expresaron su molestia en una conferencia de prensa. Al mismo tiempo presentaron los principales puntos de la declaración pública firmada por más de 2.000 personas y organizaciones para expresar su inconformidad y preocupación por la pésima señal que significa no firmar el acuerdo que desde 2012 nuestro país impulsó y lideró, advirtiendo que “mientras más se demore el Gobierno (en suscribir), más adhesiones vamos a tener”, enfatizó Ximena Salinas, presidenta de Codeff.

Señal preocupante

La decisión de postergar la firma del Acuerdo fue anunciada el lunes pasado por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sorprendiendo a toda la ciudadanía involucrada en el proceso, ya que el 7 de junio Chile junto a Costa Rica, como co-presidentes de la negociación del acuerdo, hicieron un llamado al resto de las naciones de la región para una pronta firma del acuerdo.

Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, señaló que la decisión del Gobierno “nos parece profundamente preocupante, sobre todo frente a la contingencia en la que nos encontramos, donde los conflictos socio-ambientales son una de las preocupaciones principales que debiera tener”.

Objetivo del acuerdo

El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es abogar por los derechos de acceso a la información, participación y la justicia en asuntos ambientales, garantizando así la Democracia Ambiental en los países de Latinoamérica y el Caribe.

Ana Piquer, de Amnistía Internacional, resaltó que “este tratado no está creando derechos nuevos, sino que lo que está haciendo es reconocer derechos básicos: el derecho a la información, a la participación política, al acceso a la justicia, dándole una especificidad a los temas ambientales en un contexto mundial en que la defensa y la protección del medio ambiente es un asunto de urgencia”.

Paulina Acevedo, coordinadora del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, puso el foco en la contradicción del Gobierno de Chile al manifestar “su convicción de mantener y garantizar los derechos que están en el convenio 169 de la OIT y que, por otro lado, niegue un tratado (Acuerdo de Escazú) que refuerza estos derechos y que igualmente mencione a este tratado internacional de la OIT”.

Esto debido a que este acuerdo destaca, entre otros temas, por ser el primer tratado internacional que busca dar protección oportuna a grupos y personas que defienden el medio ambiente. Dejar de firmar el tratado, según Acevedo es “preocupante ante la situación de los defensores/as ambientales vinculados/as a pueblos indígenas.

Zonas de sacrificio

Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, la crisis ambiental vivida en la Bahía de Quintero durante el último mes demuestra por qué es necesario seguir avanzando en los derechos de acceso que busca garantizar este tratado, ya que “la gente de esa zona hace más de un mes que vive episodios críticos de contaminación y eso es nocivo para sus derechos humanos”.

Según Liberona este acuerdo “si bien no tiene un efecto inmediato en la zona, sí es un acuerdo que permite ir construyendo más democracia, justicia ambiental y no discriminación, que es lo que hoy día vemos en las zonas de sacrificio”.

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