Analizan reforma al Código de Aguas en Antofagasta

Analizan reforma al Código de Aguas en Antofagasta

Un seminario para analizar los alcances de las modificaciones al Código de Aguas aprobadas recientemente por la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara de Diputados -las que deben ser ahora votadas por la Sala-, realiza hoy viernes 20 de noviembre la Universidad Católica del Norte (UCN), en el Hotel NH de Antofagasta.

La jornada es organizada por el Programa de Mejoramiento Institucional (PMI) de la UCN, junto a otras instancias de esa casa de estudios superiores, como el Centro de Investigación Tecnológica del Agua en el Desierto (Ceitsaza), el Instituto de Políticas Públicas (IPP), el Centro de Estudios en Derecho de Recursos Naturales (Cedrena) y la Facultad de Ciencias Jurídicas.

Carlos Estévez, director general de Aguas del Ministerio de Obras Públicas,  analizará en detalle el contexto y las implicancias de las modificaciones al cuerpo legal que, entre otros aspectos, define al Estado como garante del acceso de agua potable.

Asimismo, la testera de expertos estará complementada por actores relevantes a nivel nacional y regional, y especialistas en materia de derecho, medio ambiente, innovación y recursos hídricos.

Según indicó Leonardo Romero, director del Ceitsaza, la importancia de este seminario es que por primera vez se analizarán públicamente a nivel regional las reformas al Código de Aguas presentadas por el gobierno ante el Parlamento para su discusión y aprobación.

Derecho garantizado

El texto aprobado el pasado 20 de octubre por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, define el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Además, se establece que siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

De igual modo, se crea la figura de un permiso transitorio (hasta 2 años) para que los comités y las cooperativas de APR aprovechen las aguas solicitadas -hasta 12 l/s-, mientras se tramita la solicitud definitiva; así como se establece la posibilidad para el Estado de reservar aguas disponibles para otorgarlas en concesión y satisfacer los usos de la función de subsistencia.

Además, la normativa indica que no se podrán constituir derechos de aprovechamiento en glaciares ni otorgarse derechos de agua en las áreas declaradas bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad (parques nacionales, santuarios de la naturaleza, monumentos naturales, humedales de importancia internacional -RAMSAR- y reservas de área virgen).

En cuanto a las capacidades del Estado para gestionar el agua, entre las más destacables del proyecto está el fortalecimiento de las atribuciones de la administración para prorratear y redistribuir las aguas y preservar la sustentabilidad del acuífero.

Sobre el fomento del uso efectivo del agua, el proyecto perfecciona el sistema de cobro de patente por no uso, estableciendo un procedimiento de remate más expedito y menos costoso para la administración; y también se crean normas para regularizar los derechos, donde se obliga al titular de un derecho de aprovechamiento de aguas constituido a inscribirlo en el CBR.

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